
Desde este lunes 15 de julio, se comenzó aplicar el alza de los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central, en las 36 comunas de la ciudad de Santiago donde operan. El incremento afecta solamente al público general, ya que estudiantes y adultos mayores continuarán con la tarifa congelada.
Además, el alza se extiende a ciudades como Iquique, Quintero, Limache, Rancagua, Linares, Chillán, Villarrica, Valdivia y Valparaíso.
De acuerdo con lo indicado por el panel, el ajuste tarifario responde a la revisión del aumento de costos de elementos del indexador tarifario, destacando entre ellos el precio del petróleo, el valor del dólar, la inflación, entre otros.
Sin embargo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, no descartó posibles futuros incrementos en lo que queda del 2024. Esto lo decidirán los expertos designados por el gobierno.
Claudio Agostini es el presidente del Panel de Expertos del Transporte Público. Es ingeniero comercial, con mención en Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Michigan. Agostini fue asesor del área económica del último gobierno de Sebastián Piñera, realizando trabajos part time para el ministerio de Hacienda en diciembre del 2019.
Históricamente se ha ligado a la ex Concertación y a la Democracia Cristiana. También fue el vicepresidente ejecutivo más joven en la historia de la Enami de los años 90. Mientras que, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ejerció la presidencia de la Empresa Portuaria de Iquique (Diario Financiero, 15 de diciembre del 2019).
También integra el panel de expertos el ingeniero comercial y magister en Economía de la Universidad de Chile, Jorge Hermann Anguita, quien fue ministro Suplente y economista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia asignado por el Banco Central.
Se trata de ideólogos del sistema neoliberal. Es decir, son profesionales que se encuentran ajenos la realidad de la clase trabajadora y que tienen afinidad política con los intereses empresariales.
Economistas del costado de los derechos de las y los trabajadores planteraron que, si el Estado se hiciera cargo del transporte público y de asegurar el derecho al transporte, las alzas no serían un asalto al bolsillo de las familias; se congelaría el costo del pasaje y hasta podría ser gratuito. También cambiaría la calidad del trabajo y sus condiciones en el transporte público, donde el trabajo externalizado a través del subcontrato es uno de los principales barreras que permite al Estado desligarse de las necesidades de los trabajadores y dejárselas al empresariado.
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