Tras 30 años de mantenerse clausurada la fábrica original de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) en la ciudad de Limache, V Región, el domingo 28 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio Nacional, fue abierta al público general. A diferencia de lo que muchos pensaban, masiva resultó la visita a las diversas dependencias de la industria cervecera donde fueron expuestas sus reparticiones, máquinas e imágenes de época. Buena cantidad de personas ni siquiera alcanzó a entrar a la empresa debido a la cantidad de asistentes.
Por Andrés Figueroa Cornejo
Sin embargo, la apertura de la fábrica de la CCU no fue un puro tour de fin de semana, sino que se transformó en una ventana de tiempo hacia la memoria profunda de los trabajadores que allí se desempeñaron. De hecho, hace prácticamente 50 años, la CCU fue propiedad social y sus obreros estuvieron al mando de la producción, durante los años del Gobierno popular de Salvador Allende. Y el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas y Carabineros contra el Gobierno legítimamente constituido, un fuerte contingente de marinos preparados para una guerra inexistente asaltaron la fábrica, se llevaron a cientos de trabajadores inermes a reductos de tortura y exterminio. De esa brutal represión, dos trabajadores de la CCU, Jaime Aldoney y Carlos Vargas, hasta la fecha se mantienen en la condición de Detenidos Desaparecidos de la dictadura cívico-militar. ¿No es hora de un reconocimiento explícito contra esta infamia? ¿No merecen Jaime y Carlos, al menos, una placa honorable y decorosa que los rememore, y que esté ubicada en la misma fábrica que mañana se convertirá en un museo de la CCU?
Limache no duerme
En la actualidad, muchos habitantes de Limache luchan para que se erija un Memorial de los Derechos Humanos en la comuna. El concejal de la municipalidad de Limache, Joel González, indicó que, «Limache se construye demoliendo sitios de memoria, olvidando, invisibilizando. Sin embargo, nuestra comuna supo de vecinos detenidos, torturados y asesinados durante la dictadura. Los crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos nunca pueden ser relativizados por interpretaciones antojadizas o mezquindades políticas, porque una comunidad que no reconoce su pasado colectivo está imposibilitada de dar certezas de no volver a repetir los horrores cometidos. Con la misma consistencia con la que hemos denunciado la presencia de un ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía política de la dictadura) en el Municipio de Limache, seguiremos insistiendo en que nuestra comuna se construya un Memorial por las víctimas de la dictadura y por el Nunca Más a la vulneración de los derechos humanos en nuestro amado valle y en nuestro país».
La memoria indeleble
La señora Gioconda Aguilera Altamirano es limachina de nacimiento y vivió en la Población de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) durante el Gobierno de la Unidad Popular. Fue prisionera política de la dictadura cívico-militar entre el 22 de octubre de 1973 hasta el 22 de octubre de 1974, en el Buque Cárcel Lebu de la Academia de Guerra y en la cárcel de mujeres Buen Pastor. Hoy es presidenta de las ex presas políticas del penal de mujeres del Buen Pastor de Valparaíso, así como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Limache.
La Comisión surgió en el contexto del estallido social de octubre de 2019. «Yo salí del país en 1976 y retorné en el 2010. Cuando llegué a Limache después de tanto tiempo, aquí no se hablaba de nada. La gente me miraba como si estuviera loca cuando le explicaba que yo había estado presa», relata Gioconda, «Los habitantes de Limache aún tenían miedo el 2010. Recién ahora las organizaciones, paulatinamente, están comenzando a levantarse».
Gioconda es militante socialista y conoció a Jaime Aldoney Vargas y Carlos Vargas Arancibia, ambos trabajadores de la CCU de la fábrica histórica de Limache y Detenidos Desaparecidos por la dictadura. Jaime Aldoney al momento de su detención fungía de interventor de la empresa por parte del Gobierno, mientras que Carlos Vargas era miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), electricista y responsable sindical de su agrupación política.
«Carlos Vargas fue detenido el 29 de mayo de 1975», narra Gioconda y agrega que, «hace poco le hicimos una conmemoración en el metro de Limache. Él tenía 36 años cuando fue arrestado por agentes de la dictadura y lo llevaron a la Escuela de Caballería de Quillota. A él lo estaban siguiendo hace tiempo. El último compañero que lo vio con vida se percató de que estaba en muy mal estado en la Escuela de Caballería del Ejército, un lugar de detención, tortura y exterminio de entonces».
La señora Gioconda contó que Carlos Vargas era casado y tenía dos hijos, «y cuando su esposa comenzó a buscarlo, los militares le dijeron que él se había ido a la Argentina con otra mujer. Pero su hijo mayor nunca creyó esa historia y lo siguió buscando. Pero nunca lo encontró. Años después se quitó la vida».
– ¿Usted conoció personalmente a Carlos?
«Sí. En ese tiempo, mi padre era dirigente sindical y vocero de la CCU y Carlos llegaba en moto a la compañía. Era un hombre muy inteligente y reservado, y por eso le decían ‘El Mudo’. Después que Carlos fue hecho desaparecer, su madre iba todos los días a las puertas de la CCU. Entonces tocaban un pito para que salieran y entraran los obreros. Su mamá lo esperó hasta que falleció por edad y enfermedad.»
– ¿Y conoció a Jaime Aldoney?
«Él era constructor civil, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile; fue regidor de la zona e interventor nacional de la CCU. A Jaime lo detuvieron al día siguiente del golpe de Estado, el 12 de septiembre de 1973, junto a todos los dirigentes y trabajadores que estaban en la fábrica, esperando qué hacer. Y de pronto, los marinos rodearon el edificio desde atrás. Iban pintados para la guerra. Ese día sacaron camionadas de compañeros desde la CCU y los transportaron a la base Aeronaval de Belloto. En ese sitio los uniformados obligaron a los detenidos a cavar unas zanjas para que se metieran allí. De esa manera no podían verse desde fuera de la base. La gente que buscaba a sus familiares se ubicaron en las rejas del recinto militar, pero no lograban ver a su gente.
Los dirigentes y obreros, la verdad, no creyeron que el golpe de Estado sería tan feroz. Pensaban que ‘el que nada hace, nada teme’. Pero la juventud les dijimos que había que irse lo antes posible.»
– Usted era muy joven en esas fechas…
«Tenía 19 años. Y con los demás jóvenes nos fuimos caminando hacia los cerros, en dirección a Peñablanca.»
– ¿Y por qué?
«Porque cuando ocurrió el Tancazo, el intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973, los jóvenes de la Unidad Popular estábamos reunidos en la Casa de la Juventud de Limache, y fue la primera vez que nos torturaron los miembros del Ejército. Por tanto, el 12 de septiembre ya sabíamos qué iba a sucedernos. Es más, la radio La Victoria de Limache fue bombardeada. Sin embargo, nuestros mayores consideraron que exageramos, y eso que después de la tortura, ya en la casa, estuve dos días en cama sin poder moverme de dolor.»
– ¿Qué papel jugó Jaime Aldoney como interventor del Gobierno en la CCU?
«Era el administrador general de la fábrica, o sea, estamos hablando de una industria que pertenecía al área social y que estaba bajo control de los propios trabajadores. Cuando se estableció el área social, la CCU no se detuvo más porque era urgente aumentar la producción. Se laboraba día y noche en distintos turnos. Había casi 500 trabajadores.
Jaime Aldoney fue visto con vida la última vez el 13 de septiembre de 1973, en la base de Belloto. Él se encontraba junto a los demás detenidos en las zanjas. Los militares los sacaban de allí para torturarlos en otra dependencia y luego los volvían a meter en las zanjas. A Jaime se lo llevaron para torturarlo y jamás volvió.
En alguna ocasión, el hermano de Jaime me dijo que él estaba seguro de que los soldados lo lanzaron al mar. Pero no se sabe porque no existe el cuerpo.
Ahora, el 28 de mayo recién pasado, cuando abrieron la fábrica de la CCU en el Día del Patrimonio Nacional para que el público la visitara, yo me puse a discutir con un señor que aseguró que Aldoney estaba muerto, a lo que le respondí, ‘si está muerto, ¿dónde se encuentra su cuerpo?’. Se quedó callado.
Ese día que abrieron la fábrica, los encargados se ocuparon de contar la historia oficial de la CCU, no más. No se refirieron a los trabajadores, a cuando ellos estuvieron al mando de la producción, ni al golpe de Estado y la represión. Fuimos las mujeres quienes le explicamos a la gente esa parte que quieren borrar de la memoria.»
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